Tomando como referencia las publicaciones en temas universitarios de mi amigo Rodolfo Cremer, MBA, Ph.D. tales como "Rentabilidad o Educación, ¿cuál va primero?" o si "La educación virtual debe costar menos que la educación presencial", a continuación, mi modesta opinión sobre el tema, que salvo algunas particularidades propias, es extensivo a institutos y colegios privados de Perú.
A todos (me refiero a toda la humanidad) nos tomó con la guardia baja la pandemia. Vemos que ni los países con mayores recursos económicos y mejores sistemas de salud en el mundo se han librado.
Este nuevo escenario obligó a la mayoría de países a ordenar la cuarentena de sus ciudadanos y debido a esto, hemos tenido que adecuar procesos y formas de interacción al interno y externo de sociedades y organizaciones.
El sector educativo es uno de los más sensibles en el presente escenario.
Centrando el presente en Perú, el sistema educativo está compuesto por la educación básica regular (escolar), educación profesional técnica, educación universitaria. Cualquiera de estas puede ser pública o privada.
Las instituciones del sector educativo gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto por las actividades educativas y culturales que desarrollan, además de gozar de beneficios tributarios que se enmarcan en la "ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo" (que establece que la transferencia e importación, como la prestación de servicios educativos están exoneradas del impuesto general a las ventas), o en la "ley de promoción de inversión en la educación" (que tiene por finalidad establecer las condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos a fin de contribuir a modernizar el sistema educativo ampliando su oferta y cobertura).
En el presente, comentaré sobre la educación escolar privada en el contexto en que nos encontramos. Tenemos tres actores:
Promotores o asociaciones educativas que brindan el servicio.
Ministerio de Educación, órgano del gobierno nacional que define, dirige y articula la política de educación, recreación y deporte en concordancia de la política general del Estado.
Usuarios, estudiantes en edad escolar que son representados por los contratantes del servicio educativo privado (padres o tutores).
Y dos que velan por los derechos de usuarios y consumidores:
INDECOPI en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC).
En una economía de libre mercado como la peruana, el precio de los bienes o servicios es acordado por consentimiento entre los vendedores y los compradores mediante las leyes de la oferta y la demanda.
Sin embargo, ¿es justo lo que sucede en la educación escolar privada?
Esta historia comienza cuando los padres deciden CONFIAR la educación y desarrollo personal de sus hijos al colegio que por diversos motivos, cumplía las expectativas que buscaban en cuanto a modelo educativo, valores, empatía, relacionamiento, ubicación, economía, entre otras.
Luego de la evaluación de ingreso y de ser admitido el niño por el colegio, los padres o tutores deben pagar el “derecho de ingreso” establecido.
Realizado esto, entre enero y el inicio regular de clases, en algunos colegios se debe realizar el “pago de matrícula anual”, la cual usualmente es equivalente al monto de una mensualidad. Para los alumnos regulares, esta matrícula está condicionada a que las pensiones del año precedente se encuentren pagadas. Si no se cumple ello, no es posible realizar la matrícula.
Pregunto: ¿Por qué se sigue pagando la cuota de matrícula anual, si al ser admitido el niño al colegio, los padres o tutores realizaron el pago de la nada despreciable cuota de ingreso?
Acto seguido, corresponde por cuenta propia, realizar la compra de útiles, materiales y uniformes. Es preciso mencionar que en algunos colegios se ofrece el servicio de banco de libros, lo cual representa una ayuda económica a la economía familiar. En aquellos que no disponen de este servicio, se tienen que comprar en las editoriales indicadas por cada colegio.
Ya durante el año lectivo, es decir de marzo a diciembre, corresponde realizar los pagos mensuales establecidos y contratados por el servicio educativo ofrecido. Asimismo, los pagos adicionales que sean requeridos para las diversas actividades obligatorias u opcionales que organice cada colegio.
Es preciso mencionar que regularmente, las clases en el mes de diciembre culminan antes o en la quincena del mes, debiendo pagarse la mensualidad antes de culminar las clases, vale decir que los padres asumen ese monto pese a recibir el servicio por una fracción del mes.
En concreto, existen colegios privados en los que padres o tutores pagan once mensualidades pese a recibir nueve meses y medio de clases, incluyendo las cuatro semanas de vacaciones escolares.
Respecto a lo académico en el actual modelo virtual de enseñanza, los padres o tutores deben destinar tiempo y esfuerzo para asistir a sus hijos en clases (más si son de los primeros grados de primaria). Sumar a ello, los recursos informáticos disponibles en casa que deben compartir y que limitan también el tiempo para realizar sus propias actividades profesionales en la modalidad de tele trabajo.
Ahora bien, La pandemia, el confinamiento y el cambio de modalidad de enseñanza traen consigo cambios en las reglas de juego. Se observan algunos casos de promotores de colegios privados que han tomado posición (autónoma o colegiada) en el sentido de no promover el diálogo sincero y empático con los padres de familia, optando más bien por guardar hermético silencio ante las peticiones que reciben, las cuales versan en torno a la calidad del servicio académico efectivamente brindado versus el servicio contratado. Los reclamos de los contratantes apuntan a sincerar las condiciones económicas en directa proporción al servicio brindado.
Sendos comunicados de colegios a los padres invitándolos “a guardar la calma, mantener la tranquilidad, que con la gracia de Dios saldremos juntos y pronto de esta situación”, no calan en absoluto si no se abren las negociaciones en condiciones equilibradas, transparentes, respetuosas y solidarias.
Algunas muestras de FALTA DE SOLIDARIDAD Y EMPATÍA de las autoridades de colegios privados, al decir que:
No es posible ajustar la matrícula pagada antes del inicio del año académico 2020
No es posible realizar el ajuste en la pensión de marzo 2020 (se brindaron menos del 50% de clases presenciales programadas y virtuales)
No es posible realizar ajustes proporcionales al servicio a ofrecer en las pensiones de abril a diciembre 2020 (con cargo a ajustarse también si fuera el caso de volver al dictado presencial)
Es sabido que los colegios privados realizan inversiones con las proyecciones de ingresos que tienen. Se sabe también que es regular se mantenga un porcentaje de morosidad en los pagos mensuales.
No obstante ello, estos deben ser regularizados por los padres para poder realizar la matrícula de sus hijos para el año escolar siguiente.
Al ser entidades privadas, el objetivo prioritario de sus actividades resulta ser la generación de ganancias económicas.
Que se inviertan las ganancias en el propio servicio educativo es la condición, sin embargo, ¿Quién responde por la veracidad de la información que se consigna en los estados financieros que presentan?
Es entendible que en aras de la continuidad y sostenibilidad de cada colegio, estos tengan que cumplir con compromisos adquiridos sean de planillas, gastos operativos, gastos financieros e inversiones.
Es previsible también que cada institución hará los esfuerzos necesarios para preservar la calidad académica que se precie ante su comunidad.
En lo relacionado a:
Uso de instalaciones: se proyecta que no prestarán estos servicios contratados durante el 2020
Consumos de agua, luz, gas, internet: se proyecta que no prestarán estos servicios contratados durante el 2020. Por el contrario, se incrementarán estos consumos en cada hogar.
Asociaciones, membresías, seguros médicos a alumnos, actividades sociales / deportivas / culturales / religiosas / otras: se proyecta que no prestarán estos servicios contratados durante el 2020.
Capacitación a los docentes, contratación de licencias, facilidades informáticas para prestar el servicio virtual: se asume realizarán inversiones para cumplir con el servicio remoto para el 2020.
Asimismo, es importante reconocer que quienes dan la cara del colegio en las clases virtuales son los profesores, los cuales entregan su mejor esfuerzo por brindar enseñanza de calidad a sus alumnos.
¿Qué podría pasar si?
Los padres o tutores dejen de pagar al colegio.
Los padres o tutores retiren a sus hijos de colegios.
Los colegios pierdan muchos alumnos y peligre su continuidad.
Los colegios decidan mantener su posición y estén dispuestos a perder ingresos.
Si por el contrario,
Directivos de los colegios promueven la apertura de conversaciones transparentes con los padres de familia, para dar solución a la situación.
Finalmente, al centro de estas discusiones se encuentran los escolares, que anhelan con ansias volver a las aulas a interactuar con sus compañeros para aprender, jugar, correr, socializar, entre otras, como parte esencial del aprendizaje y desarrollo personal.
Ellos se mantienen sin entender a detalle si se redujeron o perdieron los ingresos familiares de quienes sostienen económicamente la familia, aunque seguro que ronda en sus mentes y estados de confinado ánimo, la dura posibilidad de alejarse de sus colegios y el impacto emocional que traería tal desarraigo.
“La mejor victoria es aquella en la que todos ganan”.
(Salomón)